El ex tesorero del PP Luis Bárcenas aseguró al juez Pablo Ruz el pasado lunes –fecha en la que materializó su cambio de estrategia y reconoció la financiación irregular del partido– que los altos cargos de la formación sabían que «el 95% de los empresarios» que entregaban fondos «eran contratistas» de las administraciones públicas.
Bárcenas, que se refirió de forma expresa al presidente y al secretario general del PP, manifestó también que su antecesor en la Tesorería, Álvaro Lapuerta, informó a ambos de que el dinero que recibían de los empresarios superaba las cuantías máximas permitidas por la ley, motivo por el que las cantidades se fraccionaban para ingresarlas en la cuenta bancaria de donaciones privadas.
El ex dueño de las finanzas del PP situó, de esta forma, a la cúpula del partido como conocedora y consentidora de comportamientos ilegales. La Ley de Financiación de Partidos ha establecido en todas sus versiones –la primera, de 1987– que las formaciones políticas no podrán aceptar o recibir, directa ni indirectamente, donaciones de empresas privadas que presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas. La norma también prohibía hasta 2007 donaciones privadas, fueran de particulares o de empresas, superiores a 60.000 euros. Ese año se amplió el límite a 100.000 euros, pero se proscribieron las donaciones anónimas, que hasta entonces sí estaban permitidas.
Bárcenas manifestó en varias ocasiones que las donaciones que Lapuerta y él recibieron de los empresarios no tenían carácter finalista, es decir, no estaban vinculadas a la consecución de contratos o adjudicaciones. Con ello quiso ahuyentar el fantasma del cohecho, un delito de una gravedad superior a la defraudación fiscal o al delito contable.
En la negación del carácter finalista de las entregas Bárcenas hizo una sola excepción: el caso de la empresa Sacyr, que habría donado 200.000 euros con la petición de que se le adjudicara el contrato de recogida de basuras de Toledo. El ex tesorero implicó directamente en este asunto a la actual número dos del PP, María Dolores de Cospedal, asegurando que recibió una llamada suya para que atendiese a Sacyr. Pero Bárcenas se atribuyó un papel de mero intermediario en la operación: él se habría limitado a recoger el dinero y a entregarlo al gerente del PP de Castilla-La Mancha.
Tanto el juez Ruz como el fiscal Romeral preguntaron a Bárcenas por la identidad real de los nombres que figuran en las anotaciones de la contabilidad B entre 1990 y 2008. El ex tesorero confirmó las identificaciones realizadas por la Udef en un primer informe fechado el pasado 29 de abril, realizado sobre las fotocopias de algunos de esos documentos facilitadas por el diario El País. Pero reveló algunos apuntes que la Policía aún no había averiguado y proporcionó detalles relacionados con las entregas.
Aseguró, a este respecto, que algunos empresarios que ayudaron financieramente al partido visitaron la sede de Génova y fueron recibidos «por el presidente o por el secretario general». Fue el caso, aseguró, de Juan Roig, presidente de Mercadona, empresa que aparece en dos ocasiones en la contabilidad B: habría donado 90.000 euros para la campaña de las elecciones generales de 2004 y 150.000 para la campaña de los comicios de 2008. Bárcenas manifestó que, cuando Roig estuvo en Génova, llamaron a Lapuerta para que se incorporara a la reunión (aunque Mercadona negó el pasado febrero haber realizado donaciones al PP).
También desveló que el apunte «Pepe C.» que consigna un ingreso de 10 millones de pesetas en noviembre de 1990 se refería a José Cuiña, poderoso dirigente del PP de Galicia, fallecido en 2007. Confirmó, igualmente, que las anotaciones «Piñeiro» corresponden a Ángel Piñeiro, un extraordinario recaudador de fondos vinculado al PP gallego que entregó a la formación nacional 199,7 millones de pesetas entre 1990 y 1995.
Concretó que detrás de la clave «Lucio», a la que se asocian tres entregas por un total de 8 millones de pesetas en 1999 y 2000, está el empresario catalán Lucio Moreno, implicado en el caso de las ITV. En la investigación del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, se intervino una conversación celebrada el 15 de julio de 2011 entre uno de los cabecillas de la trama, Sergio Pastor y Lucio Moreno, en la que éste comenta que «se está volviendo a ver con gente del PP, como Cristóbal Montoro, porque van a ganar ahora».
El ex tesorero aseguró que no recordaba quiénes eran Adolfo Sánchez o Pilar Pulido, que aparecen como donantes de cuantiosos fondos en B entre 2006 y 2008.
Piden que testifique Rajoy
Dos de las acusaciones que ejercen la acción popular en el ‘caso Bárcenas’ pidieron ayer al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que llame a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que aclare en sede judicial si son ciertos los sobresueldos y otras irregularidades que le atribuyen los folios que recogen la presunta contabilidad B del PP elaborada por su ex tesorero. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) solicita, además de la comparecencia de Rajoy, la de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal – que la Fiscalía ya ha considerado pertinente – , y la de los ex dirigentes Francisco Álvarez-Cascos, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja. También el sindicato Manos Limpias reclama que se cite al jefe del Ejecutivo, además de a otras personalidades mencionadas en los ‘papeles de Bárcenas’, como el asesor electoral del PP, Pedro Arriola, o su ex portavoz Miguel Ángel Rodríguez.